La transparencia de la UE, en el banquillo

Luxemburgo, 21 de febrero de 2013 – En una audiencia pública ante la Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo que se ha celebrado hoy, el Consejo de la Unión Europea ha sostenido que la “efectividad” del proceso de toma de decisiones depende de la información que tengan los ciudadanos sobre lo que proponen los estados miembros durante los procesos legislativos.
La audiencia, que se celebró para analizar el recurso presentado por el Consejo en contra de la victoria de Access Info, de marzo de 2011 en el Tribunal General, sobre el acceso a los documentos legislativos, se centró en si el público puede saber qué propone cada Estado miembro durante los procesos legislativos, o si, por el contrario, la transparencia de este tipo socavaría gravemente el proceso de toma de decisiones del Consejo
El Consejo cuenta con el respaldo de la República Checa, Grecia, Francia y España. Por su parte, el Reino Unido, que también es parte en la causa, no hizo ninguna intervención, ni escrita ni oral.
El gobierno checo planteó la posibilidad de la existencia de titulares de prensa desfavorables, en caso de que el público fuese conocedor de las posiciones de los gobiernos a la hora de redactar las leyes en Bruselas. El Gobierno griego advirtió de un “riesgo de confusión en la mente del público acerca de las posiciones de los Estados miembros”, y que podría dar lugar a “malinterpretaciones” por parte de los ciudadanos, ya que los textos preliminares no son definitivos.
La Delegación francesa argumentó que la transparencia permitiría un “lobbying dirigido” y que “no es necesaria para la participación”, mientras que el abogado del Gobierno español cuestionó el interés de Access Info por acceder a la documentación solicitada y señaló que la transparencia que revela las concesiones hechas durante las negociaciones implicaría un “signo de debilidad” por parte de los Estados miembros.
Estos argumentos fueron impugnados tanto por Access Info Europe y por el Parlamento Europeo, que intervino en nombre de la ONG, el cual afirmó que “los ciudadanos tienen derecho a seguir el proceso democrático” y que éste es “un elemento esencial del control democrático”. El Parlamento refutó los argumentos del Consejo y los Estados miembros coadyuvantes, señalando que no puede haber una regla general de negar el acceso a la identidad de las delegaciones y que, de hecho, la transparencia puede generar “debate público, escrutinio de los medios, o incluso presión”, pero que eso es la democracia.
Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, afirmó que “la política del Consejo de redactar de forma sistemática las identidades de los Estados miembros ha permitido, desde hace mucho tiempo, un acceso desigual al proceso legislativo, lo que limita la participación a los que están dentro de Bruselas y aliena a un público europeo más amplio. Access Info desafía esto, para tratar de equilibrar la balanza a favor de la participación y la rendición de cuentas.”
Durante el proceso, el Consejo afirmó que la reforma de las normas de transparencia de la UE ha sido un tema “sensible”, de ahí la necesidad de proteger la identidad de los Estados miembros que hacen propuestas legislativas. Para fundamentar esta afirmación presentaron estos dos argumentos: el peligro de la presión externa y la pérdida de flexibilidad de las delegaciones, que sería incapaz de modificar su posición inicial por lo que el Consejo ha descrito como el “coste político” que esto podría acarrear con su electorado.
Onno Brouwer, el abogado que representa a Access Info Europe, hizo hincapié en que no había ninguna norma en los Tratados de la UE o el Reglamento de
Transparencia de la UE que ratificase que las identidades de las delegaciones debían ser confidenciales y que “por norma general, no se les puede impedir a los ciudadanos estar al tanto de quién propone qué en el proceso legislativo de la UE, como las propuestas formuladas por las delegaciones nacionales en los grupos de trabajo del Consejo no sólo afectan a los ciudadanos del país en el que se originan, sino que también afectan a ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE “. Señaló que “Los ciudadanos de Luxemburgo se ven afectados por las propuestas formuladas por las delegaciones de los demás Estados miembros”.
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