ANÁLISIS Deuda odiosa

La deuda odiosa se puede definir cuando un prestamista (en nuestro caso, un banco, por ejemplo) da dinero a un Gobierno, habiendo manipulado este último la información para poder haber accedido a él, normalmente con la colaboración de otra entidad contratada para tal fin, el siguiente gobierno puede decir que esa deuda es deuda odiosa, y no estar obligado a devolverla.

Ha habido diferentes juristas y economistas que han intentado formalizar esta definición. Alexander Nahum Sack fue uno de los precursores a nivel doctrinal, ya que se dedicó a formalizar el concepto que ya se había aplicado en varios casos.

Según él, una deuda odiosa es cuando el Estado se ha endeudado no para asistir las necesidades o los intereses de la mayoría de la población, sino para afianzar más aún a un poder despótico y privilegiado; para reprimir a su propia población.

Entonces esa deuda no es una obligación, sino una deuda personal del régimen despótico, y por lo tanto, desaparece cuando ese poder cae.

La deuda odiosa, son las deudas contraídas contra los intereses de la población de un país y con la complicidad del acreedor mismo.

No se puede considerar que esas deudas graven el territorio del Estado ya que las mismas no cumplen una de las condiciones que determinan la legalidad de las deudas del Estado, por la cual las deudas del Estado deben ser tornadas y los fondos deben ser empleados para satisfacer la necesidades y los intereses del Estado, y no de un grupo despótico.

Jeff King, en su trabajo “lhe Doctrine of Odious Debt in International Law: A Restatement” resume la deuda odiosa como aquellas contraídas contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor.

Siguiendo la definición de Sack hay 3 características que permiten identificar la deuda odiosa:

La primera es que el gobierno del país recibe un préstamo sin conocimiento ni aprobación por parte de la ciudadanía.

La segunda es que el préstamo se dedica a actividades que no benefician al pueblo.

Y por último, aunque el prestamista conozca los anteriores dos puntos, concede el préstamo debido a los grandes beneficios que le reporta.

A lo largo de la historia diferentes gobiernos se han valido de la existencia de esta herramienta legal para suspender pagos y no pagar a los acreedores.

En el siglo XIX, recalando en Latinoamérica, nada más la independencia del imperio español, Perú declaró que la deuda anterior era odiosa ya que los fondos así conseguidos habían sido utilizados contra el pueblo.

En México, Maximiliano de Austria había pedido préstamos a banqueros europeos, obteniendo fondos que fueron utilizados contra la sublevación que estaba viviendo el país. Después de su caída, la banca intentó cobrar esos préstamos con unos altos intereses, lo que el nuevo gobierno, declaro que el dinero había sido usado contra el propio pueblo mexicano, por lo que no pagarían.

En ese caso, Estados Unidos se alió a México, declarando esa deuda odiosa.

Otro ejemplo es el de Cuba tras la guerra de independencia de 1898. Después de la guerra entre España y Estados Unidos, el estado español reclamó el pago de la deuda que la isla tenía con el reino. Estados Unidos utilizó el argumento de la deuda odiosa, y Cuba no tuvo que pagar esa deuda.

Durante los últimos años diferentes gobiernos también han utilizado esta herramienta para no pagar deudas consideradas ilegítimas.

El caso más evidente ha sido el de Irak en 2003. La economía de Irak estaba lastrada por una deuda externa bastante considerable. El monto total de deuda en el año 2002 era de 199 mil millones de dólares, a la que había que sumar la deuda acumulada por la financiación de contratos pendientes durante los noventa, que ron-daban los 57 mil millones de dólares.

Los acreedores mayoritarios de esta deuda por contratos eran Rusia, China, Japón, Francia, Alemania e India, además de países árabes. Ante esta situación, en la que el peso de la deuda no permitía explotar el país como el gobierno estadounidense quería, ya que si ellos lo habían invadido, no había porque pagar a empresas de países que no se habían posicionado a favor de la invasión.

El gobierno títere post-Saddam se declaró en suspensión de pagos, y Estados Unidos organizó una reunión del G-8 para tratar la cuestión, donde se aplicase el concepto de deuda odiosa pero sin que se citase en ningún momento.

En el 2008, tras la llegada de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador declaró que la deuda contraída por el país era una deuda ilegítima, ya que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del estado a pagarla.

Para ello expulsó a los enviados del FMI del Banco Central de Ecuador y se creó un Comité de Auditoría que llego a la conclusión de que gran parte de la deuda de los gobiernos anteriores era ilegítima. Declaró el cese de pagos del 70% de la deuda de Ecuador en bonos.

En Haití, después del terremoto de 2010, quedó claro que era imposible que el estado haitiano pagara la deuda que había contraído durante décadas, y gran parte de ellas bajo la dictadura de la familia Duvalier. El Club de París -organización de los principales países acreedores de todo el mundo-, en su reunión de 19 de enero de 2010 alentó la condonación de la deuda externa, lo que puede considerar que parte de la razón se debiese a que se había concedido a la familia de los dictadores vía estado de Haití.

Si nos centramos en Europa, en los países afectados por la crisis del Euro (Grecia, Portugal, España e Irlanda) diferentes plataformas están exigiendo auditorías de deuda pública de cada estado miembro de la Unión Europea así como declarar odiosa la que se considere ilegítima. En el caso griego los documentales Deudocracia y Catastroika arrojan luz sobre la situación.

En el estado español, colectivos como ¿Quién debe a quién? Y La Plataforma por la Auditoria de la Deuda,  promueven desde 2011 una auditoria de la deuda externa para poder establecer que parte de ella puede considerarse deuda ilegítima.

Fuente   CNT 391- JULIO 2012

Para contactar con la sección: economia@periodico.cnt.es

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